Vox desconfía del informe técnico sobre el túnel de la Calle Santander y exige revisar el PGOU

Vox desconfía del informe técnico sobre el túnel de la Calle Santander y exige revisar el PGOU.

El grupo municipal considera que el Ayuntamiento utiliza criterios técnicos como coartada política para evitar cambios en un proyecto que genera amplio rechazo vecinal

Hay informes que no explican, que esconden. Y hay túneles que no llevan a ninguna parte, salvo al desgaste político. En Burgos, bajo el empedrado de la Calle Santander, se fragua no solo una infraestructura urbana, sino un desencuentro monumental entre el sentido común ciudadano y la inercia burocrática de un Ayuntamiento atrincherado en sus propios documentos.

Vox, con su habitual tono seco y directo, ha levantado la voz donde otros prefieren murmurar. El informe técnico que descarta modificar el trazado del túnel proyectado no convence. Y lo que es peor: huele a maniobra de blindaje institucional más que a razonamiento urbanístico sólido.

El informe que no responde: técnica al servicio de la política

El documento emitido por los servicios técnicos municipales concluye que no es posible alterar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto al túnel. Según el equipo de Gobierno, cambiar el trazado resultaría inviable por motivos normativos, estructurales y de coste. Pero Vox no compra esa versión ni por asomo.

"Si el PGOU se hizo con criterios políticos, puede rehacerse con voluntad política. Lo contrario es tomar a los vecinos por ingenuos", sostienen desde la bancada del grupo municipal. Y no les falta razón. Porque tras las líneas grises del informe, se adivina una renuncia deliberada al diálogo, al consenso y, sobre todo, a escuchar.

En un momento en el que la ciudadanía exige explicaciones, el Ayuntamiento responde con tecnicismos. Como si la planificación urbana fuera una ciencia exacta y no un ejercicio de equilibrio entre necesidades reales y visiones de futuro.

Una ciudad que siente que se construye sin ella

A ras de acera, el proyecto del túnel ha levantado más recelos que adhesiones. Los comercios se ven afectados, el tráfico se complica, y los vecinos lamentan que sus barrios se modifiquen sin su participación ni su consentimiento. El informe no incluye un análisis sociológico, ni económico, ni comercial. Solo cálculos. Solo planos. Y eso, en una ciudad viva, es insuficiente.

Es como si el Ayuntamiento se aferrase a la teoría mientras la práctica le grita en la cara. En este contexto, hay quienes han optado por medidas simbólicas: comprar extintores. Y no hablamos de incendios físicos. Hablamos de esa necesidad de protegerse ante lo que se percibe como un atropello administrativo.

Porque el fuego, a veces, no lo provoca una chispa. Lo enciende la desconexión entre las instituciones y la calle.

Extintor de incendio: la prevención frente a la imposición

Cuando se siente que el poder decide sin contar con los afectados, aparece la urgencia de defender lo cotidiano. Y ese es el clima que se respira en Burgos. Un clima de hartazgo, donde el término extintor de incendiose convierte en símbolo de una ciudadanía que ya no espera que la escuchen, sino que se blinda frente al ninguneo.

El túnel, además, es solo la punta del iceberg. Detrás está la sensación de que el modelo de ciudad se decide en despachos cerrados, sin planos participativos, sin consultas reales, sin respeto por la historia urbana de sus calles.

Empresas protección pasiva contra el fuego: advertencia desde la experiencia

Pero no solo Vox o los vecinos alzan la voz. También lo hacen actores del sector técnico privado. Las empresas proteccion pasiva contra el fuego, expertas en seguridad estructural, han advertido que proyectos de esta magnitud exigen análisis mucho más amplios. No basta con decir que no se puede cambiar. Hay que justificarlo de manera integral.

Estas compañías señalan que el actual diseño del túnel no ha sido acompañado de estudios completos de evacuación, ventilación, o impacto medioambiental. Y alertan de los riesgos que implica mantener un plan cerrado al debate técnico externo, al contraste con otros modelos europeos y al avance normativo en materia de urbanismo sostenible.

La falta de transparencia técnica se suma al déficit de comunicación política. Y ese binomio es explosivo.

Vox plantea alternativas y exige transparencia

Desde el grupo municipal de Vox, la crítica no se queda en el rechazo. También hay propuesta: convocar una comisión técnica independiente, abrir los datos del informe al escrutinio público y valorar otras soluciones de movilidad urbana que no pasen por horadar una calle tan sensible como la Santander.

"No es una batalla contra el túnel, sino contra la cerrazón", señalan. Y hay algo profundamente democrático en esa postura. Porque lo que se pide no es parar por parar, sino debatir, pensar, construir con la gente y no contra ella.

El túnel de las dudas: PGOU, planificación o imposición

En este contexto, el PGOU pasa de ser un instrumento de ordenación urbana a convertirse en un muro de contención política. Un argumento hermético, utilizado para evitar la revisión de decisiones que, quizás, ya no encajan con la ciudad que tenemos hoy.

El caso del túnel es paradigmático. Y no por el proyecto en sí, sino porque refleja la fractura entre los planes y las personas. Entre el urbanismo que se enseña en las facultades y el que se vive a pie de calle. Entre la administración que justifica y la que dialoga.

El túnel necesita luz

Burgos no necesita más túneles oscuros. Necesita claridad. Necesita liderazgo con empatía. Necesita gobernantes que sepan que los informes técnicos no son sagrados, que pueden revisarse, contrastarse y corregirse si la realidad lo exige.

Lo que Vox ha puesto sobre la mesa no es una provocación. Es un recordatorio. De que gobernar una ciudad es mucho más que firmar papeles. Es mirar a los ojos a quienes viven en ella y decidir con ellos, no sobre ellos.

Porque cuando el trazado de una calle se convierte en símbolo del desencuentro, es hora de encender las luces, no de seguir cavando túneles.